Opinión: Dotación de carabineros en comunas
Los efectivos policiales deben ser distribuidos según las necesidades específicas de cada comuna, y no de acuerdo a la cantidad de población.
Mucho se ha discutido en los últimos días sobre la desigualdad en la distribución de los recursos policiales en el territorio. Según informó este medio, de acuerdo a los antecedentes que Carabineros envió al Congreso bajo el título ‘Relación carabineros/habitantes por comuna en la Región Metropolitana’, en dicha región existen 7,6 millones de habitantes y 14.240 funcionarios de la policía uniformada; en promedio, un carabinero cada 537 habitantes.
El desglose por comuna muestra que el mayor despliegue ocurre en la comuna de Santiago (2.789). Sin embargo, pocas son las referencias con que se ha logrado justificar esta eventual desigualdad, por lo que es imperativo tener en consideración algunos antecedentes.
En primer lugar, Carabineros hoy sí utiliza un sistema para distribuir sus recursos; éste considera un criterio con el que se evalúan las necesidades de servicios policiales y la capacidad de su dotación de prestarlos.
La herramienta, denominada Unidad de Vigilancia Equivalente (UVE), fue desarrollada con la colaboración de la Universidad Católica. En base a este cálculo, la institución estima que a fines del año 2018 su nivel de cobertura era del 66% a nivel nacional.
Por otro lado, cada territorio o comuna tiene características particulares que hacen que los delitos allí cometidos sean diferentes. Estación Central, por ejemplo, una comuna con una importante población flotante, tiene necesidades diferentes a una comuna como Puente Alto, eminentemente residencial y que es afectada por graves focos de delincuencia e inseguridad.
Asimismo, las acciones policiales necesarias son también diferentes según el tipo de delito. Los robos en la vía pública requieren patrullajes a pie, focalizados en calles y esquinas específicas; para el caso de prevenir ‘portonazos’, en cambio, se necesitan patrullajes en vehículos que puedan recorrer mayores distancias y perseguir de ser necesario, mientras que el combate a bandas de narcotráfico requiere acciones de inteligencia. Cada caso con una necesidad de efectivos, capacidades y de equipamiento diferentes.
A la luz de las consideraciones anteriores, pensar que es razonable distribuir los efectivos policiales exclusivamente según la cantidad de población es un error; en cambio, parece más acertado considerar las reales necesidades de cada comuna, determinadas por sus características específicas como el tipo de delito que en ella ocurre, la población flotante y su geografía, entre otras.
Si el Ministerio del Interior, como se ha anunciado, se apronta a poner al día mecanismos de distribución, es dable esperar que ello no responda a percepciones subjetivas de mala praxis en la distribución del personal, porque con ello no se estaría dando una real solución al problema. Por cierto que si del análisis surgiera que aún existe preferencia distributiva a comunas con más recursos financieros sin que ello esté debidamente justificado, es hora de desterrar aquello.
