Fuerte baja de delitos de mayor connotación social en la crisis: todos disminuyen salvo el robo con intimidación

La delincuencia también recibe el golpe del brote de covid-19 en el país. Al menos así lo reflejan las cifras entregadas por el Ministerio del Interior sobre las denuncias de casos policiales registrados por Carabineros, los que dan cuenta de una fuerte disminución en los delitos de mayor connotación social en los últimos 28 días.

El primer caso de contagio positivo se registró en el país el 3 de marzo. Y desde el lunes 16 de dicho mes hasta el domingo 12 de abril la disminución llega a un 33% en el caso de los robos por sorpresa, por ejemplo, o a un 28% en las lesiones. La misma cifra en las denuncias de violaciones, mientras que el robo con violencia presenta una baja de 14%. Solo sube el delito de robo con intimidación, en un 3%. Eso respecto de los delitos más violentos, los que en promedio descienden 19%. Dentro de los delitos no violentos, las bajas más relevantes están en el robo en lugar habitado (33%) y en los hurtos (50%).

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, asegura que ‘el objetivo primordial va a seguir siendo la reducción de los delitos más violentos. Estamos desarrollando un trabajo con las policías, tanto en la prevención como en el combate a ese tipo de delitos’.

Tendencia en el continente

El director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, comenta que sería más apropiado tener el detalle de delitos por comunas y si la disminución, por ejemplo, es considerable en aquellas en que se decretó cuarentena. Sin embargo, ‘lo que sí podemos decir es que la delincuencia cambia y se adapta. En Chile, el 85% de los delitos contra la propiedad ocurren en la vía pública, no en las viviendas. Y los robos en viviendas en su mayoría ocurren cuando están vacías. Hoy tenemos menos gente en las calles y más gente en sus casas’. Aunque recalca que el horizonte de datos es muy corto para un análisis más profundo.

Johnson repara además en las condiciones que hoy tienen las víctimas de algún delito para denunciar, ‘las que evidentemente no son normales. Necesitamos un sistema que sea capaz de adaptarse, es clave facilitar la denuncia’, concluye el experto.

Por su parte, la experta en seguridad pública y académica de la U. de Santiago, Lucía Dammert, agrega que ‘según datos de otros países, todos muestran una disminución, incluso en los países centroamericanos baja el homicidio’, lo que, a su juicio, ‘es esperable por dos motivos: menos gente en la calle que pueda ser víctima y menos espacios y horarios para que los delitos ocurran’. No obstante, asegura que ‘esto no implica que el delito haya desaparecido’.

Menos audiencias por pandemia

En este contexto, según cifras de la Defensoría Penal Pública, las audiencias de control de detención también han disminuido considerablemente.

Los datos de la semana del 16 al 22 de marzo de audiencias de control de detención bajaron, respecto de la misma semana en el año pasado.

Así, si en 2019 hubo 4.928, en 2020 fueron 2.078, un 58% menos. Al ver la semana siguiente, del 23 al 29 de marzo, la baja se agudiza, pasando de 4.818 en 2019, a 1.116 en 2020, es decir, un 77% menos audiencias de control de detención. Y esto se sostiene en la semana siguiente, del 30 de marzo al 5 de abril bajaron un 73%.

El defensor nacional, Andrés Mahnke, señala que el período aún es corto para un análisis más determinante. Pero que ‘esperábamos esta baja’, indica, aunque agrega que ‘no en la cantidad que estamos viendo, porque estamos realizando en promedio a nivel nacional el 25% de las audiencias que realizamos el año 2019, en la última semana. La emergencia obviamente interviene tanto la vida lícita como ilícita de las personas’.

Consultado sobre otros posibles factores que podrían incidir en esta disminución, Mahnke señala que ‘los actores del sistema han actuado bajo un criterio de emergencia. Hoy realmente pasan a audiencia los casos más graves o aquellos en que la víctima pueda tener un peligro más objetivo’.

Equilibrio entre emergencia y sanciones

En este sentido, al preguntarle si puede haber más laxitud en la aplicación del criterio de ciertos delitos o faltas por parte del Ministerio Público, indica que ‘más que hablar de laxitud, lo que hay es una racionalidad en cuanto a las personas que tienen que estar privadas de libertad, porque si bien las personas están amparadas en la presunción de inocencia (en un contexto normal sin emergencia sanitaria) se les aplica la prisión preventiva en forma bastante desproporcionada’.

Consultado sobre el tema, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, señala que este es un aspecto en el que ‘debe haber un equilibrio’. A su juicio, ‘la pandemia no puede ser una excusa para la comisión de delitos. En los delitos graves las personas tienen que ser detenidas y aplicárseles las medidas cautelares que corresponden, atendiendo la gravedad de los hechos’.