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Consejo para la Reforma de Carabineros enfocará sus propuestas en control del orden público y fortalecer respeto a los DD.HH.

Se recibió el aporte de experiencias internacionales sobre con qué tácticas abordar manifestaciones y hechos de violencia.

Esta semana culmina el trabajo del Consejo para la Reforma de Carabineros, que desde el 9 de diciembre impulsó el Ministerio del Interior como un aporte a la modernización que requiere la policía uniformada, sobre todo en las áreas de control del orden público y respeto de los derechos humanos, a raíz de los hechos que se desencadenaron desde el 18 de octubre en el país.

La instancia ya ha sesionado seis veces y en ella han participado 15 consejeros y el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien la preside. Entre los integrantes están los exsubsecretarios del Interior y de Prevención del Delito Jorge Correa Sutil y Cristóbal Lira; la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz; el director del INDH, Sergio Micco, y el expresidente de la Corte Suprema Hugo Dolmetsch, entre otras personalidades.

Resta una sesión —en la que expondrá el fiscal nacional, Jorge Abbott— y luego dos sesiones para que los consejeros definan los temas que se incluirán en el informe final, el que contendrá medidas de corto y largo plazo que se le entregarán al Presidente Piñera en febrero.

Comunicación con manifestantes

Fuentes al interior del consejo señalan que desde un principio el foco ha estado puesto en mejorar las estrategias de control del orden público, para lo cual se escucharon las experiencias alemana y española, entre otros expertos. Los representantes europeos recomendaron que es fundamental generar estrategias de coordinación y comunicación con los grupos de manifestantes, de manera previa a la movilización y también durante el desarrollo de esta. Los consejeros coincidieron en que esto es difícil de aplicar en el contexto nacional, ya que no hay representantes o interlocutores en este movimiento social con quienes establecer canales de comunicación.

Otro punto relevado por los exponentes extranjeros fue cómo se logra evitar la impunidad en estos hechos, para lo que han recomendado que las policías puedan disponer de agentes de civil que graben a quienes cometen estos actos, de tal forma de obtener medios probatorios más contundentes y establecer las responsabilidades penales.

Respecto del tema de los protocolos de uso de la fuerza en manifestaciones, habría consenso en que estos cumplen con las exigencias y estándares internacionales de respeto a los derechos humanos, y que en lo que se debe poner el foco es en generar una estrategia más efectiva para que los uniformados cumplan dichos protocolos al momento de enfrentar manifestaciones y hechos de violencia.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, comenta a ‘El Mercurio’ que, para propuestas a largo plazo, se buscó establecer criterios que permitan ‘una relegitimación de la institución, donde hay un problema de valoración. Es importante que el actuar policial vuelva a estar legitimado por la ciudadanía, lo que implica modernización y que el trabajo sea eficaz, con niveles de transparencia mayores’.

Sobre lo propuesto para el corto plazo, el subsecretario comenta que ‘se planteó como lo más urgente el tema del orden público y cómo compatibilizarlo con el respeto a los derechos de las personas’, para lo que se puso mucho énfasis en ‘cómo mejorar procesos, incorporar tecnología y poder evaluar constantemente para medir su eficacia, con mucha rendición de cuentas a la autoridad civil y la ciudadanía’.

Al respecto, el director de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, quien participó de la instancia, señala que sobre las propuestas de largo plazo se requiere ‘adaptar a Carabineros a las necesidades que tiene la ciudadanía hoy, y sobre todo a sus actuales expectativas’. Y concluye que en el corto plazo ‘evidentemente el orden público y los DD.HH. son temas en los que profundizamos en la mesa, y en esa línea irán las recomendaciones’.