Inicio >> Daniel Johnson en El Mercurio sobre disminución de llamados de chilenos al 133: “La confianza se ha recuperado. No es algo que uno pueda vincular naturalmente”

Daniel Johnson en El Mercurio sobre disminución de llamados de chilenos al 133: “La confianza se ha recuperado. No es algo que uno pueda vincular naturalmente”

Desde la institución explican que están obligados a contestar siempre. “Nos afecta, porque brindamos un servicio de emergencia y hay personas que hacen mal uso de este canal haciendo bromas”, plantean. Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, señala que, “si uno mira las encuestas, la confianza se ha recuperado. No es algo que uno pueda vincular naturalmente”.

En su casa de Talagante, el miércoles, un niño de 14 años escuchó cómo alguien rompía un vidrio del living. Asustado, se escondió en la pieza de sus padres, tomó un teléfono y llamó al 133. Después de un rato, vio cómo Carabineros sorprendía a dos personas que habían entrado a robar y las detenía.

El menor tuvo suerte. En promedio, cuatro de cada diez llamadas al número de emergencias de la policía uniformada no alcanzan a ser contestadas por los operadores. Y de las que logran ser atendidas, solo dos generan un procedimiento policial. ¿El resto? Terminan siendo inoficiosas, porque resultaron ser bromas o insultos, estaban equivocadas o el interlocutor cortó, entre otras causas.

Si bien la alta proporción de llamadas estériles complica el trabajo policial, el 133 enfrenta un problema aún mayor: los chilenos lo usan cada vez menos. Las 20,7 millones de llamadas efectuadas en 2015 cayeron a 13,6 millones en 2018, un retroceso de 35%, según datos de la Central de Comunicaciones (Cenco) de Carabineros. Pese a esa baja, la proporción de pitanzas se mantiene más o menos constante (ver infografía).

El coronel Luis Sepúlveda, jefe de la Cenco, atribuye la baja de las llamadas a que las personas que marcan el 133 por emergencias reales y no son atendidas prontamente se aburren. ‘Cada vez hay más personas haciendo mal uso (del 133). Eso incide directamente en la persona que llama y la paciencia que tiene al estar en línea esperando. Y eso muchas veces las hace desistir’.

-¿Y no cree que se debe también a la crisis de confianza por el fraude en Carabineros?

‘En algunas personas obviamente ha influido el nivel de confianza que pueden haber tenido en Carabineros y, al llamar, piensen que no les vamos a prestar la ayuda’.

En el Congreso la percepción es distinta. Para el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Calisto (DC), la razón sería la poca credibilidad del 133: ‘Muchas familias, frente a un delito, llaman sin éxito. Otras veces, Carabineros no llega al suceso donde se produjo el problema’. Mario Desbordes (RN), de la misma comisión, no cree que se trate de una crisis de confianza, porque ‘las personas, cuando tienen una emergencia, van a llamar igual’.

Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, coincide con Desbordes. ‘Si uno mira las encuestas, la confianza se ha recuperado. No es algo que uno pueda vincular naturalmente’, plantea.

Las llamadas ‘inoficiosas’ -6,3 millones de las cerca de 9 millones contestadas el año pasado- son un problema para Carabineros porque saturan la capacidad del sistema.

En la Región Metropolitana Cenco puede atender hasta 30 llamadas simultáneas y mantener a otras 60 ‘en espera’. Los operadores responden por orden de llegada, de tal forma que quienes queden desde el lugar 91 en adelante solo escucharán el tono de ocupado. Y muchos de estos últimos desisten.

‘Brindamos un servicio de emergencia y se ve afectado porque hay personas que hacen mal uso de este canal haciendo bromas’, insiste Sepúlveda.

El alto porcentaje de llamadas inoficiosas no es un problema exclusivo de Carabineros. La central de alarmas del Cuerpo de Bomberos de Santiago, por ejemplo, recibe un promedio de 600 llamadas diarias, de las cuales el 15% son pitanzas. A nivel municipal, el Departamento de Seguridad Pública de Las Condes recibió 700 llamadas diarias entre enero y agosto de 2018, y un 6,6% resultaron ser falsas.

En el Congreso se debate un proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para, entre otros puntos, sancionar con multas de $49 mil a $245 mil a quienes mal utilicen los servicios de emergencia. El coronel Sepúlveda tiene dudas: ‘El 52% (de las llamadas) está asociado a planes de prepago, donde no hay ningún tipo de registro de la persona que llama’.

Fuente: El Mercurio