Desafíos del Ministerio Público en el período 2023 – 2031 del Nuevo Fiscal Nacional
En Fundación Paz Ciudadana consideramos que el Ministerio Público se encuentra en un estado y en un entorno que obliga a que se produzcan cambios relevantes en su estructura y funcionamiento, que le permitan ser un actor fundamental dentro del sistema de seguridad y justicia chileno, posicionando a la persecución penal como uno de los ejes estructurantes de la seguridad tan reclamada hoy por la ciudadanía.
En el tráfago de la función penal diaria, se hace difícil establecer las acciones conducentes a este nuevo estado de la Fiscalía. Es por esto por lo que el lapso entre el término del período del fiscal nacional Jorge Abbott, quien cesó en su cargo en octubre pasado por haber cumplido la edad máxima para el ejercicio de la función, y la elección de quien lo sucederá en el cargo, abre una oportunidad de pensar la institución, sus desafíos y cómo abordarlos.
Para esto en Paz Ciudadana hemos desarrollado un proceso conducente al levantamiento de propuestas concretas y abordables por quien ostente el cargo de fiscal nacional en los próximos 8 años. Este trabajo consideró diferentes metodologías y fuentes para el levantamiento de información, entre ellas un taller de expertos y expertas – cuyas conclusiones se presentan en la tercera parte de este documento-, los resultados preliminares del estudio denominado “¿Qué condiciona el éxito de la investigación penal?” actualmente ejecutado en convenio con el Ministerio Público, los resultados del estudio de disturbios y delitos en el contexto del estallido social desarrollado en convenio con la Defensoría Penal Pública, las propuesta de la mesa por la seguridad del 2018 y las diversas mesas de reforma policial pre y post estallido social en que Paz Ciudadana ha participado.
La persecución, el ejercicio de la acción penal y la protección de víctimas y testigos son los objetivos principales del Ministerio Público. A estas trascendentales tareas encomendadas por la Constitución se suma todo un ecosistema de justicia junto a la Defensoría Penal Pública y al Poder Judicial, además de los organismos auxiliares y colaboradores como las policías. Una correcta interacción entre ellos se traduce en un impacto directo en una mejor gestión y, por ende, en un mejor acceso a la justicia para todos los intervinientes.